El derecho a comprender el lenguaje jurídico

26 de marzo de 2015
ETV-Foto-Cartera-y-Ley

Cuando supe que el Consejo de Ministros de un país que ha empezado 2015 con más de dos mil imputados por corrupción había decidido, en un año cargado de citas electorales, sustituir el término imputado por el más templado investigado, un latigazo ominoso sacudió mi columna vertebral y por un instante me paralizó con ese desasosiego que solo había experimentado con la lectura de 1984 de Orwell. En cuanto me sobrepuse a la primera impresión, fui digiriendo el titular y me reprendí a mí mismo por seguir asombrándome ante el cinismo de nuestra clase política.

Como traductor especializado en textos jurídicos, deberé tener presente este cambio en futuros encargos, así que decidí indagar más sobre esta cuestión. Fue así como descubrí en este artículo de El País la referencia a la labor de la Comisión de Modernización del Lenguaje Jurídico de la que no había tenido noticias a través de ningún curso, máster o blog de traducción jurídica y cuya labor, a mi entender, merece mayor difusión entre los profesionales del lenguaje legal en España.

El problema

En 2011, el 82 % de los ciudadanos españoles consideraba que el lenguaje jurídico era excesivamente complicado y difícil entender (según datos de una encuesta realizada por el Consejo General del Poder Judicial). En 2015 la situación no ha mejorado mucho, pero traductores e intérpretes podemos ayudar a corregir esta situación aplicando en nuestra labor las recomendaciones de esta Comisión de Modernización del Lenguaje Jurídico. ¿Te apuntas a contribuir a una mayor humanización de la justicia?

No comprendo…

Hemos aceptado con cierta naturalidad la idea de que determinados usos del español (como el jurídico o el financiero) son, por naturaleza, obtusos, alambicados y su uso ha quedado acotado al alcance exclusivo de un reducido grupo de profesionales.

Sin embargo, son los ciudadanos sin formación jurídica quienes acaban envueltos en un despido laboral improcedente, en el impago de su hipoteca, en un accidente de tráfico o en cualquier otro asunto cuyas consecuencias tendrán una gran repercusión en sus vidas. Lo penoso de su situación se ve acrecentado por el trato distante y altivo que, con frecuencia, les dispensa la administración de justicia a lo largo de su liturgia procesal.

El Informe de la Comisión de Modernización del Lenguaje Jurídico concluyó que «Los estudios constatan la existencia de un conjunto de prácticas asentadas que dificultan la comprensión, así como algunas reiteradas incorreciones sintácticas y gramaticales en la expresión oral y escrita de los profesionales del derecho. Al tiempo, queda patente que este problema no se circunscribe únicamente a la Administración de Justicia sino que está presente en los propios textos legislativos que emplean estos profesionales para realizar su labor».

Así, la existencia de esta particular dificultad de comprensión queda patente en el hecho de que algunos traductores e intérpretes nos hayamos especializado en estos ámbitos.

Este enmarañamiento del lenguaje legal genera inseguridad jurídica porque, en el ámbito judicial, nos deja indefensos y dependientes de nuestros representantes legales. Somos incapaces de tomar decisiones fundamentadas, de salvaguardar nuestros intereses o de asumir nuestra responsabilidad sin comprender lo que se nos dice.

No resulta razonable imponer al grueso de la población el deber de comprensión, pero tal vez se pueda exigir a los profesionales del derecho que realicen un esfuerzo para ajustar su registro lingüístico cuando traten con legos en la materia.

¿Conoces tus derechos?

Sospecho que el prominente porcentaje de población que no logra descifrar el mensaje oculto tras la jerga, los arcaísmos y la concatenación de subordinaciones idiosincráticas del lenguaje jurídico, se ve superado por el porcentaje de población que desconoce que desde la aprobación de la Carta de Derechos del Ciudadanos ante la Justicia en 2002, ante un juzgado o tribunal, les ampara el derecho a comprender en los siguientes términos:

«El ciudadano tiene derecho a que las notificaciones, citaciones, emplazamientos y requerimientos contengan términos sencillos y comprensibles, evitándose el uso de elementos intimidatorios innecesarios

El ciudadano tiene derecho a que en las vistas y comparecencias se utilice un lenguaje que, respetando las exigencias técnicas necesarias, resulte comprensible para los ciudadanos que no sean especialistas en derecho

El ciudadano tiene derecho a que en las sentencias y demás resoluciones judiciales se redacten de tal forma que sean comprensibles por sus destinatarios, empleando una sintaxis y estructura sencillas, sin perjuicio de su rigor técnico».

El derecho a comprender es exigible por los ciudadanos

Según el propio apartado 4 de la Carta de Derechos del Ciudadanos ante la Justicia, estos derechos son exigibles por la ciudadanía y no meros principios programáticos. De hecho, el contenido de la carta es vinculante para «jueces y magistrados, fiscales, secretarios judiciales, médicos forenses, funcionarios públicos, abogados, procuradores y demás personas e Instituciones que cooperan con la Administración de Justicia».

Conviene resaltar el hecho de que la Carta de Derechos de los Ciudadanos ante la Justicia solo vincula a los profesionales arriba enumerados y, por lo tanto, no es extensible a otros ámbitos como el de la producción normativa.

Más vale tarde que nunca

El interés por esta cuestión ha llegado con algo de retraso a los países de tradición jurídica romano-germánica en comparación con el ámbito del Common Law, donde el movimiento a favor de la simplificación del lenguaje en el ámbito jurídico goza de mayor tradición y arraigo gracias a iniciativas como Plain English Campaign (surgida en 1979) y a la publicación de obras de referencia como The Power of Words de Stuart Chase (1954) o The Language of the Law de David Mellinkoff (1963).

España, fiel a sí misma, no dio los primeros pasos en materia de modernización del lenguaje legal hasta hace unos pocos años. Es posible identificar un débil antecedente en el Libro Blanco de la Justicia elaborado por el Consejo General del Poder Judicial en 1997 que establece que «La respuesta a la queja presentada por el ciudadano se hará en lenguaje claro y preciso, de forma que pueda comprenderse sin dificultad». Hubo que esperar hasta la publicación de la citada Carta de Derechos de los Ciudadanos ante la justicia en 2002 para que la cuestión se abordase con cierto rigor.

Unos años más tarde, el Plan de Transparencia Judicial de 2005 también incorporó un apartado dedicado a la modernización del lenguaje jurídico, pero el impulso más firme y decidido hasta la fecha se produjo en 2009 con la publicación del Plan Estratégico para la Modernización de la Justicia 2009-2012 que aprovechó la oportunidad para incorporar la claridad, calidad y accesibilidad del lenguaje jurídico como objetivo de sus políticas públicas. Una de las actuaciones previstas en este sentido era la del impulso de la Comisión para la modernización del lenguaje jurídico que se constituyó en febrero de 2010 y que estaba compuesta, entre otros, por miembros de la Real Academia Española, miembros del Consejo General del Poder Judicial, miembros del Consejo General de la Abogacía y por periodistas de los principales diarios de prensa escrita.

El cambio de gobierno de 2011 representó un cambio de las prioridades y objetivos en esta cuestión y se advirtió con cierta inquietud que el Plan de Acción 2012-2015 de la Secretaría Judicial del Ministerio de Justicia supuso un brusco frenazo a esta corriente renovadora al obviar toda referencia al lenguaje jurídico.

La modernización del lenguaje jurídico como garantía del derecho a comprender

La labor de la Comisión de la Modernización del Lenguaje Jurídico ha sido minuciosa y exhaustiva, como atestigua la documentación publicada hasta la fecha y por ello, sorprende que su trabajo no goce de mayor reconocimiento y difusión entre los profesionales del derecho y de la lengua española. No recuerdo ni una referencia a esta comisión en el Máster de Traducción de Textos Especializados, ni recibió mención alguna en los cursos de Traducción de Textos Jurídicos que he realizado posteriormente.

Vale la pena dedicar algo de tiempo a investigar las conclusiones de esta comisión de expertos estructuradas en una serie de documentos que podéis descargar desde los siguientes enlaces:

· El Informe de la Comisión de Modernización del Lenguaje Jurídico que contiene recomendaciones a los profesionales y a las instituciones

· Estudio de campo de lenguaje escrito

· Estudio de campo de lenguaje oral

· Estudio de campo de lenguaje de las normas

· Estudio de campo de lenguaje jurídico en los medios

· Estudio de campo de políticas públicas comparadas

· Estudio de campo de plantillas procesales

Si bien es cierto que el contenido de dichos informes consiste en meras recomendaciones, suponen un certero diagnóstico y un primer paso fundamental.

¿Cómo podemos contribuir los traductores e intérpretes en esta cuestión?

Uno de los parámetros de más peso a la hora seleccionar las estrategias que aplicamos durante el proceso de traducción (o de interpretación) es la de tener en consideración quién es el destinatario del mensaje (escrito o verbal) y ajustar el registro y estilo con este en mente, sin desvirtuar por ello el contenido del mensaje original. En aquellos casos en los que el destinatario de nuestros servicios sea un individuo sin formación en derecho ¿no sería conveniente hacer valer sus derechos produciendo un mensaje fiel al original pero accesible según las recomendaciones oficiales de una comisión de expertos? ¿Tiene sentido, en este caso, verter a nuestra traducción las construcciones fosilizadas y arcaicas que encontraremos en los textos paralelos de consulta cuando estas dificulten la comprensión del mensaje a su receptor, algo que, en definitiva, atenta contra su derecho a comprender? ¿Acaso desvirtuaríamos el mensaje si recurriésemos a una breve ampliación para aclarar el significado de un tecnicismo o de un latinismo?

Tal vez fuese prudente corroborar con nuestro cliente la conveniencia de aplicar en nuestra labor las recomendaciones formuladas por la Comisión de expertos de Modernización del lenguaje jurídico y descargarnos así de la responsabilidad de adoptar un enfoque renovador de forma unilateral.

Una cuestión polémica

En efecto, se trata de una postura controvertida que ya ha sido respondida por algunos profesionales del derecho que perciben en esta renovación del lenguaje una posible merma de la precisión léxica derivada del destierro de los tecnicismos propios de su jerga. En realidad, esta reacción parece infundada ya que, en ningún momento las recomendaciones de la comisión de expertos proponen prescindir del uso de estos tecnicismos en la comunicación entre juristas profesionales, sino de explicarlos convenientemente a los profanos.

La modernización del lenguaje jurídico tampoco pasa por abrir los juzgados y despachos profesionales al argot callejero para congraciarse con determinados segmentos de la ciudadanía, como algunos detractores aducen. Es cierto que existe cierto grado de subjetividad en cuanto a qué consideramos como un grado de comprensión normal para un ciudadano medio y son muchos los factores que intervendrán en cada caso concreto (nivel educativo, profesión, estado anímico, etc.).

En realidad, una democratización del lenguaje jurídico restaría cierto poder a los profesionales del derecho que en la actualidad ostentan su monopolio. Un ciudadano que comprende es un ciudadano más libre, capaz de reflexionar sobre su situación, opinar e intervenir con fundamento en la toma de decisiones relevantes para su futuro.

Y mientras esperamos que nuestro Ministerio de la Verdad continúe con su particular adaptación del español a la neolengua, os dejo esta reflexión para el debate: cómo traductores e intérpretes jurídicos, ¿estáis a favor de atender a estas recomendaciones en aquellos casos en los que el destinatario del texto no sea un profesional del derecho o contempláis esta propuesta como una posible traición al mensaje original?

© Copyright Jorge Maestre 2015

Entradas relacionadas

comments powered by Disqus

Jorge Maestre Marín

Me llamo Jorge Maestre y ofrezco servicios especializados de traducción de inglés a español de textos legales, empresariales y políticos.


Sígueme


Entradas antiguas