Oportunidades perdidas: reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal

17 de diciembre de 2014

¿Te imaginas que viajas a un país extranjero y que, por el motivo que sea, acabas detenido en una comisaría en la que nadie entiende ni una palabra de lo que dices cuando intentas explicar que tu situación se debe a una lamentable confusión? Posiblemente nunca te hayas encontrado en una coyuntura similar, pero seguro que puedes evocar la sensación de impotencia y desesperación que te produciría verte en tal tesitura. Tranquilo, si te enfadas será peor. Esa rabia reprimida se origina por lo que denominamos indefensión jurídica, en este supuesto derivada de la imposibilidad de comprender y hacerte entender en sede policial.

Para evitar estas situaciones, los ordenamientos jurídicos mínimamente avanzados prevén mecanismos destinados a atajar dicha indefensión jurídica y garantizar la tutela judicial efectiva. Uno de ellos es el derecho que ampara a todo extranjero detenido o preso que no comprenda o hable el español a recibir la asistencia gratuita de un intérprete, tal y como prevé el artículo 520.2 e) de nuestra Ley de Enjuiciamiento Criminal que también contempla la designación de un intérprete «si el testigo no entendiere o no hablare el idioma español».

¿Dónde está el problema entonces? Esta norma, a pesar de haber sido reformada en varias ocasiones, data de 1882 y digamos que, en algunos aspectos, no ha envejecido muy bien; entre ellos, aquellos que atañen a la cualificación y acreditación del intérprete. En resumidas cuentas, al margen de los traductores de carrera que han superado una oposición, cualquiera que diga saber un idioma vale.

Sí, lo has entendido bien. Te juegas nueve años de tu vida entre rejas -venga, algo habrás hecho-  y más te vale cruzar los dedos para que en la rifa te toque un intérprete solvente o aflojar la billetera para contratar a un profesional de confianza, si es que te lo puedes permitir. En una buena comedia nos echaríamos unas risas a tu costa con una escena delirante que incluiría un intérprete estrafalario proclive a los despistes léxicos y a los malentendidos culturales, pero lamentablemente la realidad es que el texto de nuestra Ley de Enjuiciamiento Criminal llega a explicitar que no es preciso que el intérprete designado tenga un título oficial. Precisamente, así lo prevé en su artículo 762.8 para el caso del procedimiento abreviado, el más usado en el orden jurisdiccional penal por ser el que se aplica para aquellos delitos castigados con pena privativa de libertad de hasta nueve años. ¡Qué bien te van a venir esos ahorrillos en el banco para asegurarte de que el juez entiende con claridad tu relato de los hechos!

Posiblemente esta laxitud de criterios responda a la realidad de la España de la época de la que data la ley, pero resulta a todas luces anacrónica en nuestra sociedad actual. De todas formas, normas más recientes, como la Ley de Enjuiciamiento Civil de 2000, reinciden de manera inexcusable en el mismo error. Y es que la actual situación favorece a ciertas empresas grandes en volumen de facturación y pequeñas en moralidad que envían como intérpretes a personal sin cualificación (en algunos casos, parece que incluso con antecedentes penales) dispuestos a cobrar una miseria y a no quejarse después. En internet circulan artículos que relatan casos de extorsión al detenido por parte del intérprete o de filtraciones de información sobre la víctima a un proxeneta, aunque no he podido documentarlos.

Mañana, 18 de diciembre de 2014, el gobierno del Partido Popular aprobará un Proyecto de Ley Orgánica que modifica la citada Ley de Enjuiciamiento Criminal. Se trata de una ocasión excelente para enmendar el rosario de despropósitos que he descrito anteriormente y, sin embargo, una vez más, el gobierno hará gala del poderío que le confiere su mayoría absoluta para sacar adelante un texto que ignora las numerosas enmiendas presentadas por los restantes grupos políticos a propuesta de la Red Vértice, integrada por profesionales del sector.

Aunque mis años de estudiante en la facultad de Derecho de Zaragoza ya quedan lejanos, todavía resuena en mi cabeza la voz grave y circunspecta de Don Manuel Ramírez, catedrático de Derecho Político, divagando con lucidez sobre uno de sus temas recurrentes: España, historia de oportunidades perdidas. No puedo evitar pensar que, una vez más, nos encontramos con el mismo dilema y nos sitúa a los ciudadanos en la obligación de decidir entre no hacer nada y mirar para otro lado con resignación y mansedumbre (a fin de cuentas, tú hablas un español perfecto) o tomar partido y hacer constar nuestra disconformidad firmando la iniciativa lanzada en Change.org por la Red Vértice y CCDUTI para solicitar a los diputados que voten en contra de este malogrado proyecto de ley orgánica.

Firma y difunde desde este ENLACE. El Traductor Invisible ya lo ha hecho.

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Jorge Maestre Marín

Me llamo Jorge Maestre y ofrezco servicios especializados de traducción de inglés a español de textos legales, empresariales y políticos.


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